McALLEN, Texas - Dos personas vinculadas a una cadena estatal de clínicas de fisioterapia han sido acusados de defraudar un programa federal de compensación al trabajador, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
Las autoridades detuvieron a Ricardo Cano, de 46 años y residente en McAllen, y Rosita Cano Meeks, de 56 años y residente en Edinburg. Se espera que ambos comparezcan ante el juez J. Scott Hacker a la 1:00 de la tarde este jueves 24 de agosto.
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La acusación de 18 cargos imputa a Cano y Meeks conspiración para cometer fraude sanitario y 10 cargos de fraude sanitario. Cano también está acusado de siete cargos de lavado de dinero.
La acusación alega que entre 2014 y 2019, las clínicas operaron bajo el nombre de Texas Federal Wellness Center. Durante ese tiempo, supuestamente facturaron más de $80 millones al Departamento de Trabajo - (DOL) Oficina del Programa de Compensación para Trabajadores por servicios de fisioterapia prestados a empleados federales lesionados.
Según la acusación, Cano y Meeks supuestamente hicieron que las clínicas presentaran reclamaciones infladas por terapia, visitas médicas ficticias, terapia excesiva y equipo médico duradero fraudulento. Los cargos alegan que Cano y Meeks ordenaron a los empleados de la clínica que falsificaran las horas de salida de los pacientes en los historiales médicos para ocultar las reclamaciones de terapia infladas. Meeks estaba a cargo de la facturación fraudulenta y la supervisaba, según la acusación.
Los cargos también alegan que Cano no es médico. Sólo era asistente médico y supuestamente daba instrucciones a los empleados para que se refirieran a él como Dr. Cano.
Según la acusación, Cano llegó a un acuerdo con un médico para dar falsamente la apariencia de que un médico con licencia supervisaba, gestionaba y controlaba las clínicas, como exige la ley de Texas. Los cargos alegan que Cano es, de hecho, el verdadero propietario de la empresa que dirigía y controlaba.
Como parte del esquema, Cano supuestamente se coordinó con ese médico para obstruir una investigación de la Junta Médica de Texas sobre una queja acerca del papel de Cano en el funcionamiento de las clínicas y la presentación de registros corporativos falsos. La acusación también alega que Cano transfirió aproximadamente 43 millones de dólares de las clínicas del Texas Federal Wellness Center a varias cuentas bancarias a nombre de Cano o a nombre de las clínicas que Cano controlaba.
Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a hasta 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude en la atención sanitaria y cargos sustantivos de fraude en la atención sanitaria. Cano también se enfrenta a hasta 10 años por cada condena por blanqueo de capitales.
