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Estudio: muertes por COVID-19 aumentaron tras expirar las moratorias de desalojo

Según el estudio  el número de muertes atribuidas al COVID-19 fue cinco veces mayor en los cuatro meses posteriores a la expiración de las moratorias de desalojo.

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Las tasas de muerte por COVID-19 aumentaron significativamente cuando los estados levantaron las moratorias de desalojo que se establecieron para proteger a los inquilinos que no podían hacer los pagos durante la pandemia, según un estudio dirigido por UCLA publicado este lunes.

Según el estudio, publicado en la Revista Estadounidense de Epidemiología (American Journal of Epidemiology), el número de muertes atribuidas al COVID-19 fue cinco veces mayor en los cuatro meses posteriores a la expiración de las moratorias de desalojo, y el número de casos de COVID-19 se duplicó.

“Los desalojos pueden haber acelerado la transmisión de COVID-19 al disminuir la capacidad de las personas para distanciarse socialmente”, dijo el autor principal del estudio, Frederick Zimmerman, profesor de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA.

Los investigadores se centraron en datos de Washington, D.C. y 43 estados con moratorias de desalojo. Veintisiete de los estados levantaron las moratorias antes de septiembre de 2020, y 17 de ellos las extendieron al menos hasta septiembre.

El estudio sugiere que Estados Unidos experimentó 433,700 más casos de COVID-19 y 10,700 muertes más durante el verano de 2020 de lo que habría tenido si se mantuvieran las moratorias de desalojo. En total, la nación experimentó más de 6.3 millones de casos de COVID-19 en septiembre de 2020 y alrededor de 193,000 personas murieron en ese momento.

“La expiración de las moratorias de desalojo se asoció con una mayor incidencia y mortalidad de COVID-19, lo que respalda la justificación de salud pública para la prevención de desalojos para limitar los casos y muertes de COVID-19 '', dijo el Dr. Craig Pollack, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

La jueza del Distrito de Columbia determinó que los CDC no tienen la autoridad legal para imponer este tipo de mandatos.

La autora principal del estudio, la Dra. Kathryn Leifheit, investigadora postdoctoral en epidemiología en la Fielding School, dijo que los desalojos hacen que más personas se muden a viviendas abarrotadas o se queden sin hogar y viven en refugios. Agregó que “cada uno de esos resultados connota un mayor riesgo de exposición al COVID-19''.

Las personas que enfrentan la amenaza de desalojo también pueden recurrir a trabajos que las exponen al virus y aumentan su riesgo de infección y transmisión, dijo.

Si bien el estudio encontró que las tasas de muerte y las tasas de casos aumentaron drásticamente cuando expiraron las moratorias de desalojo, los investigadores reconocieron que su análisis tiene varias limitaciones. Señalaron que no pudieron medir el número de desalojos que se llevaron a cabo en los estados donde expiraron las moratorias. El estudio tampoco tuvo en cuenta las protecciones de desalojo locales que pueden haber estado en vigor más tiempo que las moratorias estatales.

Cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos extendieron la moratoria federal de desalojos hasta el 31 de julio de 2021, citaron datos publicados previamente del estudio dirigido por UCLA.

“Específicamente, los autores compararon las tasas de incidencia y mortalidad de COVID-19 en los estados que levantaron su moratoria con las tasas en los estados que mantuvieron su moratoria'', indicó la orden de los CDC.

El centro de Los Ángeles fue escenario de un simulacro de una procesión fúnebre en este Día de Muertos para recordar el dolor que sufren las familias por los desalojos de esta pandemia.

“En estos modelos, los autores tuvieron en cuenta los indicadores que varían en el tiempo del recuento de pruebas de cada estado, así como las principales intervenciones de salud pública que incluyen el levantamiento de las órdenes de quedarse en casa, el cierre de escuelas y los mandatos de mascarillas”.

El estudio fue financiado por la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica, el programa Evidence for Action de la Fundación Robert Wood Johnson y el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de los Institutos Nacionales de Salud a través de una subvención del Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de la Universidad de Boston. 

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