Un juez federal en San Diego ha ordenado que una familia guatemalteca en busca de asilo tenga acceso a la asesoría de un abogado antes y después de una entrevista que determinaría si son enviados a México para esperar su próxima audiencia en la corte.
Esta decisión inicia un nuevo debate que involucraría a todos los cerca de 500,000 migrantes que buscan asilo y que han sido enviados a México bajo el programa de Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
Algunos han expresado temor de ser enviados al otro lado de la frontera después de cada audiencia, tal y como fue el caso de esta familia guatemalteca que aseguró que fue víctima de extorsión en su país y de asalto a punta de pistola en México.
La familia busca permanecer en Estados Unidos mientras su situación legal se resuelva y el juez dio la orden de que fueran representados por un abogado.
Por su parte, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles al sur de California lucharán para que la mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera del país tengan a un abogado presente durante sus entrevistas que determinan si vuelven o no a México.
Sin embargo, la decisión final del tribunal pudiera tardar más de un mes.
