Piden mejorar centros de detención

LOS ANGELES -- Activistas pro inmigrantes y abogados pidieron el martes al gobierno que cumpla con el proceso de debido derecho en los centros de detención para familias en Nuevo México y Texas y que permita que las mujeres y niños allí detenidos puedan salir bajo fianza.

Abogados y activistas que están prestando ayuda legal a cientos de familias que están en Karnes, Texas, dijeron que niños en este centro de detención están bajando de peso porque no están comiendo y algunas madres se sienten intimidadas por los agentes y han reportado dificultades para llamar por teléfono a sus abogados o familiares.

En Karnes había más de 200 madres y más de 300 niños hasta la semana pasada, mientras que en Artesia, Nuevo México, había casi 300 madres con al menos un niño hasta julio, de acuerdo con Royce Murray, directora de política para el Centro Nacional para Políticas de Justicia Migratoria.

"Parecía como que la comida y las camas estaban allí pero el resto lo iban a traer después", dijo Murray sobre el ambiente en Karnes. "Había mucha confusión entre las madres. No entendía sus casos y que podrían salir de allí".

Las críticas fueron hechas por activistas y abogados que visitaron recientemente las instalaciones, que abrieron en los últimos tres meses.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no contestó inmediatamente a un mensaje de la AP.

Los centros de detención en cuestión son los más grandes de su tipo en el país y albergan a familias que han llegado a la frontera recientemente, al igual que miles de niños de acompañados. La mayoría de estos inmigrantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, según las autoridades.

Las instalaciones ahora cuentan con teléfonos fijos pero muchas mujeres no pueden pagar por la llamada y tienen que pedirle a los agentes que les presten sus celulares para llamar a sus familiares o abogados, según el informe "Demostrar y cerrar", revelado el martes por Detention Watch Network, red nacional de organizaciones y personas que procuran cambios al sistema en centros de detención.

Detention Watch Network viene pidiendo desde el 2012 que se cierre Artesia debido a las presuntas violaciones que allí ocurren.

Karnes y Artesia también quedan lejos de donde viven o trabajan los abogados u organizaciones que prestan ayuda legal a los detenidos. Esto es un problema porque la mayoría de los abogados prestan sus servicios de manera gratuita y tienen que invertir más tiempo y recursos en visitar a sus clientes, agregaron.

Todos estos alegatos afectan las probabilidades de los inmigrantes para quedarse en el país legalmente a través de beneficios como asilo, al cual muchos de ellos serían aptos, agregaron los activistas.

En muchas ocasiones, por ejemplo, las madres tienen que contar cómo fueron violadas o abusadas enfrente de sus hijos, de acuerdo con Dree K. Collopy, abogada de la firma Benach Ragland LLP y presidenta del Comité sobre Refugiados y Asilados de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigracion, AILA según sus siglas en inglés.

"Algunas de estas mujeres podrían ser aptas para asilo pero están siendo deportadas rápidamente", dijo Collopy.

Los activistas también pidieron que dejen salir a los detenidos bajo fianza. Actualmente, la mayoría de los detenidos no salen bajo fianza porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aboga para en contra de estos pedidos, según los activistas.

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