Nicaragua, un año de "insurrección cívica" y bajo alegado estado de excepción

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    EFE
    Un joven sostiene una bandera de Nicaragua en forma de protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega durante una misa de renovación de promesas sacerdotales de arquidiócesis este jueves, en la catedral de Managua (Nicaragua). EFE

    Managua, 18 abr .- Nicaragua cumplió este jueves un año de "insurrección cívica" contra el presidente Daniel Ortega, acusado por la oposición y por la CIDH de mantener al país en un "estado de excepción" en el marco de una crisis que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y presos, así como decenas de miles en el exilio.

    Este jueves no hubo siquiera un intento por celebrar una gran manifestación como la convocada para la víspera por Unidad Nacional Azul y Blanco, que no se puedo realizar por el amplio dispositivo policial desplegado en Managua y que desembocó en varias decenas de detenidos, según la oposición, un extremo que la Policía negó.

    Masaya el rostro de la represión en Nicaragua

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    El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que esto supone "otro claro ejemplo" del deseo del mandatario de "aferrarse al poder".

    (Publicado miércoles 18 de julio de 2018)

    Los "autoconvocados", como se llama a los manifestantes pues no siguen directrices partidistas, realizaron este día los "piquetes express" (protesta efímera) en varias ciudades de Nicaragua en un intento por evadir el asedio de las fuerzas de seguridad, pero con todo se denunció la detención de al menos dos personas.

    La situación de derechos humanos en el país que está gobernado por Ortega desde hace 12 años consecutivos "sigue siendo grave, se mantiene un estado de excepción de facto, se mantiene la negación del derecho a la manifestación", declaró a Efe en Washington la relatora de Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.

    "No hay espacio en Nicaragua para disentir libremente sin riesgo a ser detenido o sin riesgo a ser objeto del uso de la fuerza pública o actos de amenaza, asedio y hostigamiento", añadió.

    Aprovechando la celebración del Jueves Santo, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco pidió participar en celebraciones religiosas de la Semana Santa como acto de rebeldía y como una forma de preservar la seguridad de los manifestantes.

    La Unidad coincidió con la CIDH al afirmar que en los últimos 12 meses Ortega mantiene "un estado de excepción de facto" en Nicaragua, que incluye "asedio y persecución" de policías y paramilitares contra civiles.

    "Hoy Nicaragua cumple un año de una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, a causa de la política de represión del régimen Ortega Murillo, asesinando, usando la fuerza excesiva, deteniendo arbitrariamente y amenazando a defensores y periodistas", señaló por su lado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

    Desde la cárcel, la opositora Irlanda Jerez, quien lideró la "desobediencia civil" entre comerciantes y trabajadores independientes y está presa desde hace nueves meses, acusó a Ortega de haber restablecido una "dictadura" en Nicaragua que lleva ya 40 años, al sumar la influencia del líder sandinista en el poder en 1979.

    El aniversario fue aprovechado por el influyente obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, un crítico de Ortega, para despedirse oficialmente de miles de feligreses en la Catedral Metropolitana de la capital nicaragüense, a pocos días de partir hacia el Vaticano, adonde fue llamado por Francisco.

    Báez, quien habría sido objeto de un plan para asesinarlo según él mismo denunció, no contuvo las lágrimas ante una multitud que lo aclamaba, y le gritaba "¡Silvio, amigo, el pueblo está contigo!".

    El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, reiteró este jueves el apoyo de su Gobierno a "los nicaragüenses que luchan por un país democrático, con justicia y respeto por los derechos humanos".

    Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua y a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, "quien ha sido preparado como sucesor por el régimen", informó en Miami el asesor presidencial John Bolton.

    El conflicto ha dejado 325 muertos, según la CIDH, mientras que organismos humanitarios locales suman hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.

    También se cuentan hasta 809 "presos políticos", cientos de desaparecidos y decenas de miles de personas en el exilio, en el marco de la crisis.