Alertan por conflicto de interés en caso contra exministra

La defensa de la exministra Rosario Robles informó que presentará una queja contra el juez que la envió presa aun cuando la prisión preventiva que le determinó posibilitaba que ella enfrentara el proceso en libertad.

"Su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, detalló el equipo defensor en un comunicado.

Pero, además de las posibles violaciones a las leyes, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna estaría incurriendo en un conflicto de intereses debido a que es sobrino directo de Dolores Padierna, actual legisladora federal por Morena.

Padierna es una adversaria declarada de Robles, desde que tras la jefatura de Gobierno de esta se revelaran videos que exhibieron públicamente a René Bejarano, esposo de la actual legisladora.

En los videos se aprecia cómo Bejarano recibe fajos de billetes que le entregó el empresario Carlos Ahumada, en ese entonces pareja sentimental de la exministra presa, lo que lo llevó a la cárcel y a ensombrecer la campaña rumbo a presidencia que en 2006 emprendió Andrés Manuel López Obrador.

Un video adicional mostró en igual condición a Carlos Ímaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, quien a la postre se divorció de él y contendió por la jefatura del Gobierno de Ciudad de México que hoy encabeza.

La polémica por el evidente conflicto de interés que han señalado diversos analistas, alcanzó también las redes sociales, después de que Padierna admitió el parentesco con el juez, aunque lo eximió de cualquier intento de venganza.

En medio de la polémica, el juez determinó que Robles no permanecerá dos meses en prisión, como se dijo el martes cuando la envió al reclusorio, sino que deberá quedarse ahí por tiempo indefinido.

"La vigencia de la medida cautelar será por todo el tiempo que dure el proceso y se considera proporcional e idónea para garantizar la presencia" de la ex secretaria de Estado en el juicio que se le pueda instruir por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, dijo el juez. 

Además, desde ya indicó que “la pena a imponer, sería mayor a cuatro años por lo que no alcanzaría beneficios, ni sustitutivos de la pena”.

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