En el primer día de su segundo mandato como presidente, Donald Trump firmó una serie de decretos, entre ellos uno para “proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” con el cual quiere redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Este decreto ha provocado preocupación entre mujeres indocumentadas que están embarazadas en el país.
La orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento restringe una enmienda en la Constitución que lleva 150 años y que afectaría a madres indocumentadas o con visa temporal si el padre no es ciudadano o residente.
La preocupación principal que tiene Daniela, una inmigrante embarazada que prefiere mantener su anonimato, es cómo podría registrar a su bebé y bajo qué nacionalidad, ya que considera que de imponerse esta orden ejecutiva su pequeño estaría en el limbo.
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"Complicado registrarlo, darle su partida de nacimiento. Nosotros le decimos así, partida de nacimiento. Así es como le decimos nosotros en Venezuela al niño después que nace", explica Daniela, inmigrante embarazada que prefiere mantener su anonimato.
"Que se compadezca porque son seres que no tienen la capacidad de entender eso y los padres que estamos acá, vinimos acá y no fue que lo o planeamos. Lo mío sucedió", explica Daniela, inmigrante embarazada que prefiere mantener su anonimato.
Daniela ingresó al país a finales del 2024 con tan solo 21 años y sin tener idea de lo que estaba por ocurrir con la nueva administración.
"Ellos no tienen la culpa las leyes ni las conocen. Como que les brinde la oportunidad de ser mejores que sus padres en este país", añade la joven embarazada.
La orden ejecutiva de Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento está por debatirse en los tribunales.
"Yo creo que le ponen una pausa más que nada porque como va en contra de la Constitución, no es tan fácil cambiar la Constitución. Requiere dos tercios del congreso y aparte que muchos estados aprueben un cambio en una enmienda. Entonces la Constitución siempre va a ir arriba de una orden ejecutiva", aclara Mauricio García, abogado de inmigración.
De no haber otra acción legal que pueda culminar con el decreto del presidente Trump, esta orden ejecutiva entrará en efecto el 19 de febrero.