EDINBURG- El alcalde de San Juan, Mario Garza, habría cometido varias violaciones a protocolos cuando era oficial de libertad condicional en el Condado Hidalgo, según una carta de despido emitida por el director de esta oficina.
De acuerdo al periodista Lorenzo Zazueta-Castro del diario The Monitor, Garza alegó que había renunciado a su puesto como oficial de libertad condicional el 16 de junio por que estaba "agotado" tras 15 años de servicio.
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Sin embargo, en su carta de despido que fue obtenida por The Monitor, el director Arnold Patrick declaró que "alrededor del 13 de abril de 2015 hasta el 5 de abril de 2017, tú procesaste órdenes de exención de mociones y órdenes de terminación anticipada sin seguir el protocolo del departamento y sin la documentación necesaria."
"Adicionalmente, estuviste involucrado en una relación personal o de negocio u otra interacción con una persona bajo la directa o indirecta supervisión de este departamento, que está afuera de los deberes y responsabilidades del trabajo," añadió Patrick en el documento.
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Según reportó Zazueta-Castro, el mismo día en que Garza presentó su presunta renuncia, se dio a conocer que la Oficina de Servicios de Libertad Condicional está bajo investigación luego de denuncias de posible actividad de robo y soborno.
Local
Durante la investigación, se entregó el exoficial Carlos Delafuente, de 34 años de edad, quien está acusado de un cargo de abuso de autoridad y enfrenta una fianza de $10,000.
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El arresto de Delafuente fue confirmado a Telemundo 40 por el Fiscal de Distrito del Condado Hidalgo, Ricardo Rodríguez.
Investigadores del Alguacil del Condado Hidalgo habían recopilado evidencia suficiente junto con testimonios de víctimas que los llevó al descubrimiento de que Delafuente había aceptado dinero a cambio de reducciones en fianzas y sentencias.
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Delafuente presuntamente obtuvo $6,330 dólares de personas que estaban bajo libertad condicional mientras él era empleado de la Oficina de Servicios de Libertad Condicional del Condado de Hidalgo.
El monto de dinero que presuntamente obtuvo clasifica como una ofensa para la cárcel estatal ya que la cantidad fue más de $2,500 pero menos de $30,000 dólares.
