La Oficina del Fiscal del condado Cameron solicitó la remoción de Sylvia P. Atkinson de su puesto como vicepresidenta de la mesa directiva del distrito escolar de Brownsville.
La razón de su petición viene a raíz de las acusaciones en contra de Atkinson, que incluye: aceptar sobornos, aceptar regalos no autorizados y no reportar regalos recibidos.
Conforme al fiscal Luis V. Sáenz, su oficina esperaba que la petición para remover a Atkinson de su cargo fuera hecha por un ciudadano, tal y como fue en el caso de Erasmo Castro, exmiembro de la mesa directiva del distrito escolar de Brownsville y de Michael Vargas, expresidente de la mesa directiva del distrito escolar de San Benito.
No obstante, al no ver acción ciudadana decidieron "no esperar más" e interponer la petición, según el fiscal Sáenz.
Atkinson está siendo acusada de ocho cargos federales, incluyendo conspiración, soborno a programas federales y violación al Acta de Viaje.
Cabe señalar que esta petición fue asignada a la corte del distrito 107 donde el juez Benjamín Euresti se recusó, por lo que el juez que preside la Quinta Administración Regional asignó al juez Miguel Bañales para supervisar.
Conforme a la denuncia criminal, Atkinson habría trabajado en un esquema de soborno a vendedores buscando obtener contratos tanto con el distrito escolar de Brownsville como con el distrito escolar de Rio Hondo.
Los contratos incluían el proveer varios servicios y bienes a los distritos escolares, incluyendo tabletas, servicios de teleconferencia y de tutorías.
En el año 2018, Atkinson presuntamente solicitó y obtuvo $10,000 de soborno de un agente encubierto relacionado a un equipo de película que estaba buscando utilizar las instalaciones del distrito escolar de Brownsville para grabar una película de Hollywood.
Conforme a la corte federal, de ser hallada culpable de conspiración y cada cargo de violación al Acta de Viaje, podría enfrentar a cinco años en prisión, mientras que el cargo de soborno podría enfrentar una condena de 10 años de cárcel.
