McALLEN, Texas - Nora Alaniz, una enfermera de 56 años de la Isla del padre Sur fue detenida por las autoridades por cargos relacionados a fraude y sobornos en el cuidado de la salud, anunció la fiscal Jennifer B. Lowery en un comunicado de prensa.
Está previsto que Alaniz se presente ante el juez federal J. Scott Hacker el lunes 27 de junio a las 10:00 am. Con relación a este caso previamente fue acusado el Dr. Tajul Shams Chowdhury, de 72 años y de McAllen. Según el Departamento de Justicia se espera que él vuelva a aparecer en una acusación de reemplazo de cargos en un futuro próximo.
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La acusación de reemplazo de 16 cargos presentada el 21 de junio acusa a Alaniz y Chowdhury de conspiración para pagar y recibir sobornos ilegales a cambio de la remisión de recetas para medicamentos compuestos.
Alaniz es una enfermera registrada y expropietaria de una empresa de atención médica a domicilio ubicada en el Condado de Hidalgo, según los cargos. Mientras que Chowdhury es un médico que anteriormente también operaba una clínica en Edinburg.
Alaniz supuestamente recibió sobornos disfrazados de salarios de empleados de una farmacia local. A su vez, pagó a Chowdhury y a los empleados de su clínica médica por las referencias.
La acusación formal alega que Chowdhury escribió recetas y las refirió a la farmacia. Como resultado del esquema de sobornos ilegales, la farmacia recibió más de $300,000 de programas de beneficios de atención médica como Medicare y Medicaid de enero a julio de 2017, según los cargos.
La acusación formal alega además que Alaniz recibió más de $70,000 en sobornos.
Chowdhury y otras cinco personas fueron acusadas originalmente el 15 de julio de 2021 de conspirar para cometer fraude en la atención médica, múltiples cargos de fraude en la atención médica, conspiración para sobornos ilegales y conspiración para cometer lavado de dinero.
Cuatro ya se han declarado culpables en relación con los cargos de la acusación original.
Si son declarados culpables de los nuevos cargos, Chowdhury y Alaniz enfrentan hasta cinco años en una prisión federal y una posible multa máxima de $250,000.
