La nueva regla de carga pública que anunció la administración del presidente Donald Trump entrará en vigor el 15 de octubre.
Esto significa que, a partir de esa fecha, el gobierno federal negará permisos de residencia a quienes reciban uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un período de tres años. Esto también aplicaría a los que paguen impuestos.
“Digamos que, en el mes de enero, tú recibiste dos ayudas como el de Medicaid y “food stamps”, eso cuenta por dos meses. Ellos van a mirar para atrás si en los últimos tres años tú recibiste 12 meses consecutivos de ayudas,” explicó Alejandro San Miguel, abogado de inmigración.
De ser así, un abogado deberá mostrar al oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que el solicitante no se convertirá en una carga pública.
“El oficial migratorio pues va a ver su la familia ha recibido algún tipo de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? ¿Cuál es el ingreso que tiene la familia? ¿Cuál es el ingreso del sponsor? La edad de la persona que pretende inmigrar, si tiene alguna condición de salud,” dijo San Miguel.
De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, unas 544,000 solicitan la residencia legal permanente cada año y de estas, unas 382,000 son de categorías que podrían calificar como carga pública.
Por su parte, el abogado San Miguel dijo que la regla de carga pública tiene en la mira a los inmigrantes más vulnerables. “Entiendo que el propósito del gobierno en asegurarse de que las personas sean autosuficientes, pero hacer este tipo de medidas se nota que el gobierno básicamente se está enfilando en contra de una comunidad en particular y son personas inmigrantes con menos recursos económicos,” afirmó San Miguel.
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Cabe señalar que la medida no afectará a las personas que sirven en las Fuerzas Armadas, a los refugiados y solicitantes de asilo, así como víctimas de violencia y tráfico de personas que viven en Estados Unidos.
