Víctimas de abuso laboral ganan caso federal

MCALLEN, Texas- Dos inmigrantes indocumentados celebraron el lunes el fallo de la corte federal en McAllen de exigir que su antiguo empleador les pague los cientos de miles de dólares que les corresponden por trabajo no remunerado.

Conforme a la orden del juez, el antiguo empleador tendrá que pagar $108,000 más los gastos legales por salarios no pagados y por haber abusado de sus empleados de forma verbal, física y psicológica.

"Mi experiencia con Pollos Medina pues fue mal. Nos trataban como fuéramos unos muertos de hambre, no nos dejaban ni comer, ni siquiera ir al baño," contó José Manuel Árciga sobre su experiencia laboral en esta cadena de restaurantes.

Por dos años, Árciga trabajó de 12-14 horas al día y solo llegaba a su casa con $35.00 en su bolsillo. Hubo semanas que no tuvo ni un día de descanso y todo por ser un inmigrante indocumentado.

"Los patrones piensan que no están obligados a pagar el salario mínimo federal de $7.25 sin importar el estatus migratorio. Si se trabaja más de 40 horas a la semana, cada hora más allá de las 40 es tiempo y medio," explicó Efraín Olivares, director jurídico regional del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Según María Fernanda Contrera López, encargada del restaurante Pollos Medina en Mission, no hay mal en pagar menos a empleados que no cumplan con su trabajo. "Sí es justo porque los trabajadores tienen horas, tienen que llegar puntual, si no se les quita dinero. Tiene que a fuerzas ser esas reglas. Si el gobierno no está bien, pues ni modo," expresó.

Ambas víctimas de abuso laboral aseguraron que recibieron amenazas de muerte después de acudir a las autoridades.

"Me dijeron que me iban a matar. Que me iban a cortar la lengua. Que me iban a dar donde más me duele, que son mis hijos solamente," dijo Árciga.

Este tipo de amenazas es considerado una táctica muy común en casos de abuso laboral, de acuerdo al Centro de Trabajadores Fuerza del Valle ya que “se aprovechan de saber que muchos de esos trabajadores no tienen documentos y quieren intimidar,” indicó Héctor Guzmán López, coordinador del Centro.