El futuro de unos 100,000 jóvenes “soñadores” de todo Estados Unidos, está en manos de un juez de Texas.
De él depende que los jóvenes puedan conservar o no, los permisos de trabajo que obtuvieron a través del programa DACA.
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Los afectados son jóvenes que recibieron una extensión de tres años a sus permisos de trabajo, en vez de dos. Todos calificaron bajo la extensión inicial del programa DACA de 2012, pero si el juez considera que la misma fue ilegal, podrían hasta perder sus permisos de trabajo.
Según el juez federal Andrew Hanen, el mismo que impidió que más personas se cobijaran bajo DACA y DAPA, estos jóvenes solo debían recibir una extensión de dos años.
Por su parte, el gobierno federal dijo: “Desde la orden del juez, el Servicio de Inmigración ha vuelto a extender permisos de trabajo por dos años a los que califican en el programa de DACA del 2012. Si surgen cambios, consultaremos con el Departamento de Justicia, para proceder debidamente”.
Lo que los “soñadores” temen es que el juez Hanen decida que tienen que solicitar de nuevo la extensión del permiso de trabajo, lo que podría implicar quedar en un limbo migratorio.
