Presunto operador de “El Chapo” en corte de Texas

Mauricio Sánchez Garza está acusado de lavado de dinero y extorsión.

SAN ANTONIO – Un supuesto operador del Cartel de Sinaloa apareció en corte en San Antonio luego de ser extraditado de México.

Mauricio Sánchez Garza, de 45 años, compareció en una corte federal este martes, a un día de su extradición.

Sánchez Garza enfrenta acusaciones de lavado de dinero y extorsión en relación al robo por la fuerza del manuscrito de una película de Hollywood que sería la precuela de “La Pasión de Cristo”.

Según una acusación formal, Sánchez Garza actuó junto a Jorge Vasquez Sánchez, de 38, para cometer los crímenes.

Vasquez Sánchez recibió una sentencia de cuatro años en una prisión federal y tres años de libertad condicional en junio de 2013 tras declararse culpable de extorsión y ceder sus derechos e intereses de la película al Gobierno de Estados Unidos, detalló el documento.

Sin embargo, Sánchez Garza había permanecido prófugo desde 2010 hasta su arresto en Guadalajara, Jalisco, México, a principios de este 2016.

El documento destacó que Alejandro Sánchez Garza, de 47 años y hermano del acusado, participó con él y con Vasquez Sánchez del 2005 hasta julio de 2011 en una conspiración para transportar y realizar transacciones con fondos derivados del narcotráfico a Estados Unidos con la intención de esconder su procedencia.

Los tres hombres supuestamente hicieron las transacciones por medio de negocios y corporaciones para hacerlas parecer legítimas y legales, evitar que la evidencia reflejara la participación delictiva del narcotráfico en los ingresos, e intentar generar ganancias tanto para ellos como para los narcotraficantes.

La acusación en contra de Sánchez Garza además ordenó la confiscación de dos propiedades comerciales en San Antonio y un avión Bombardier Learjet 31, así como una multa de $5 millones en representación de los fondos derivados del lavado de dinero.

El documento concluyó que Alejandro Sánchez Garza, quien fue arrestado en septiembre de 2012, recibió el 19 de agosto, 2014, una sentencia de 30 meses en una prisión federal y tres años de libertad condicional tras declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Él también fue obligado a entregar sus derechos e intereses de las propiedades mencionadas al Gobierno de Estados Unidos.

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