Congreso aprueba armar rebeldes sirios

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    Congreso aprueba armar rebeldes sirios
    Getty Images

    WASHINGTON -- La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó con renuencia el miércoles el plan del presidente Barack Obama de entrenar y armar a rebeldes sirios moderados para enfrentar al Estado Islámico.

    Obama reiteró que las fuerzas estadounidenses "no tienen ni tendrán una misión de combate" en la lucha contra los milicianos.

    La aprobación por 273 votos contra 156 fue inusual en una legislatura caracterizada por divisiones partidistas casi incesantes. Los líderes republicanos y demócratas respaldaron el plan cuando faltan apenas siete semanas para las elecciones legislativas, en tanto decenas de legisladores de los dos partidos votaron en contra.

    La medida se incluyó en una ley de gastos que garantiza que el gobierno federal podrá operar normalmente después del 30 de septiembre, cuando finaliza el año fiscal. Se prevé que el Senado lo apruebe posiblemente el jueves.

    Los mismos partidarios del plan dijeron que había pocas razones para alegrarse. "Esto es lo mejor de una larga lista de malas opciones", dijo el demócrata Jim Moran.

    Las declaraciones de Obama y otras similares de la titular del bloque demócrata de la cámara, Nancy Pelosi, parecían destinadas a asegurar a los legisladores de centroizquierda que la nueva misión militar tendría límites estrechos.

    En la víspera, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin E. Dempsey, dijo al Congreso que recomendaría el empleo de fuerzas de combate en el terreno si la estrategia actual de Obama no consigue detener a los milicianos.

    Del lado de la oposición republicana, el presidente de la cámara, John Boehner, y el titular del bloque, Kevin McCarthy, respaldaron el plan. Pero muchos de sus legisladores expresaron el temor de que sería insuficiente para derrotar a los milicianos que han tomado partes de Siria e Irak y decapitado a dos periodistas estadounidenses.

    Los republicanos se consolaron pensando que es una ley de corto plazo, ya que pierde vigencia el 11 de diciembre y le da al Congreso un amplio margen para volver sobre el asunto al reanudarse las sesiones después de las elecciones de noviembre.